Tribunal confirma condenas a exalcalde de Bucaramanga, tres de sus funcionarios y dos contratistas implicados en irregularidades en contratación

Los sentenciados incurrieron en un peculado por 2.319 millones de pesos.

El Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó la condena a 17 años y 9 meses de prisión impuesta al exalcalde de esa ciudad Luis Francisco Bohórquez Pedraza, responsable de los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Lo mismo sucedió con el pago de una multa de 592 millones de pesos.

El fallo de segunda instancia ratifica también las condenas al exsecretario de infraestructura Clemente León, sentenciado a 21 años de cárcel; a la supervisora de contratos y jefe de la oficina de alumbrado público Gloria Azucena Durán Valderrama, condenada a 17 años y 7 meses; a los contratistas Óscar Mauricio Benavides Toloza y Uriel Avila Méndez, quienes deberán cumplir 12 y 11 años de cárcel, respectivamente. A Leonardo Luna Escalante familiar y asesor del exmandatario le fue incrementada la pena, y fijada en 10 años y 8 meses prisión. Igualmente, fueron ratificadas las multas impuestas.

Estas personas fueron encontradas responsables, según cada caso particular, de delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos de acuerdo con sus responsabilidades penales individuales.

La investigación

Las pruebas aportadas por la Fiscalía establecieron que durante el periodo 2012 a 2015, desde la secretaría de infraestructura municipal se suscribieron indebidamente 11 contratos de obra por 17.000 millones de pesos para la modernización, mantenimiento, expansión de alumbrado público, el mantenimiento de postes de alumbrado público y la poda de árboles en la capital santandereana.

Labores de policía judicial evidenciaron irregularidades en la ejecución de los contratos, en el manejo de los recursos y la adjudicación de los mismos. La Fiscalía determinó que este actuar generó un peculado de 2.319 millones de pesos.

Contra esta decisión proceden los recursos de Ley.